Declaración: Defendamos la Democracia

El problema no es la persona, el problema es la institución: la Corona.

No vamos a entrar en el terreno de la prensa rosa, la amarilla ni en ninguna otra versión frívola del escándalo Real al que estamos asistiendo. El problema no es el piso en Londres, o los 65 millones de euros “donados” a la cortesana y el motivo. El problema es ¿desde cuándo venía el Jefe del Estado pidiendo dinero a otros jefes de Estado y con qué consecuencias para el Estado español.

Esta no es una situación novedosa o que nos sorprenda: la novedad está en que hemos visto publicados documentos firmados, por quién fue hasta hace seis años el Jefe del Estado, que cofirman los chanchullos. Un Jefe del Estado al que se le asigna una dotación de casi 9 millones de euros cada año, con cargo a los presupuestos del Estado, para que mantenga a toda su familia sin tener que dar ninguna explicación de en qué lo gasta: una opacidad impropia de una democracia. Una generosa cantidad, al margen de los gastos que ocasiona su actividad oficial; la cual se imputa al ministerio relacionado con el evento, que es una cantidad muy, muy grande de dinero.

En esas condiciones económicas es indignante que, haciendo uso y abuso del cargo de Jefe del Estado, haya amasado una fortuna estimada por encima de los 2.000 millones de euros: si en 45 años ejerciendo de Rey no hubiese gastado ni un solo euro de dicha dotación, su fortuna acumulada estaría en torno a los 360 millones. Está muy claro que algo no cuadra y no es un problema de 65 millones por aquí, un piso por allá o un Ferrari por acá.

El escándalo al que asistimos no es más que “la gota que ha colmado el vaso”.

La Monarquía nos vino dada, no fue decidida por el pueblo. Ha servido sin duda de elemento que ha acompañado la Transición, pero 45 años es más que suficiente. Esta institución lleva implícitos algunos factores que la hacen poco compatible con una Democracia merecedora de esa denominación.

Una democracia, como muy bien mantenía Aristóteles, no puede tener un Jefe del Estado, ni ninguna otra magistratura, que no haya sido elegido por el pueblo y renovado democráticamente cada cierto tiempo.

Veníamos de una dictadura de 36 años (1939/1975), cuya jefatura del Estado estaba en manos de un caudillo fascista, Jefe de los tres ejércitos. Y seguimos con una jefatura del Estado en manos de un señor que es jefe de los tres ejércitos. Si damos por válido el argumento de quienes mantienen que esta es la manera de mantener al ejercito sin ruido de sables, significa que vivimos en una Democracia condicionada, y que asumimos que dentro del Estado hay poderes que solo se disciplinan a sí mismos.

Nuestro país tiene derecho a evolucionar y estos eslabones con el pasado son un freno para la evolución. El manido concepto de la unidad de España nace de esta clave de bóveda. Es preferible la unidad de los pueblos bajo el respeto a su lengua su historia y sus costumbres que la unidad atada a un símbolo centralizador. Un Estado federal resolvería las tensiones territoriales que llevamos décadas sufriendo en forma de confrontación irracional.

Por tanto, no estamos ante un problema puntual, ni se resuelve “escondiendo” al responsable en otro país, ni renunciando a herencias no producidas (a las herencias solo se puede renunciar cuando se ha producido el hecho causante).

Defender la Democracia es depurar responsabilidades, no salir corriendo, es dar explicaciones a quienes contribuyen al mantenimiento del Estado con su esfuerzo económico vía impuestos.

Defender la Democracia no es justificar lo injustificable, como están haciendo los partidos de la derecha. Aunque esta defensa de la corrupción es lógica viniendo de un Partido como el PP que ha sido declarado por la Audiencia Nacional Partido beneficiario de la trama Gürtel. Lo mismo cabe esperar de todos los privilegiados que en estos 45 años han recibido títulos nobiliarios, salvo alguna excepción. Muchos de ellos franquistas de rancio abolengo. Colectivo que conforma una casta que aún se creen en la edad media y que están fuera de la realidad.

El Gobierno actual, de coalición por vez primera en estas cuatro décadas y media, a pesar de las lógicas diferencias programáticas entre los dos partidos que los conforman, está demostrando una capacidad de diálogo y está ejerciendo la función de intermediación y conciliación ante el conflicto en Cataluña, como el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo ejerció en Euskadi frente a la violencia de ETA, sorteando las zancadillas de la derecha. Esta capacidad del Gobierno, pone en evidencia que La Corona es hoy, en nuestra Constitución, un conjunto de palabras extemporáneas y ajenas a la realidad de nuestro tiempo. Es una institución equiparable a una radio de galena: un aparato de anticuario e inservible.

Si quién tenía como función salvaguardar la paz y el respeto a la ley la incumple constantemente… ¿para qué sirve? Hoy en plena pandemia y en la crisis económica anterior, cuando el pueblo peor lo ha pasado, es evidente que no es otra cosa que una rémora. Nada nos solucionan estéticos paseos en coche blindado a zonas deprimidas rodeados de escoltas.

Nuestra sociedad está madura para gestionar las tareas cotidianas de la política, capaz ésta de conciliar de manera natural, como en cualquiera de las democracias avanzadas, los intereses de los ciudadanos, ya no súbditos… No necesitamos que nos tutelen.

Discrepamos de quienes quieren continuar ligados, y por ello defienden lo indefendible, a la institución monárquica, si bien entendemos que tanto el problema como la solución debe buscarse en la vía legal… Lo contiene nuestra extraordinaria Constitución, y se trata por tanto de cambiar lo inútil, lo que el tiempo ha demostrado superfluo y ridículo y no solo atañe a la Monarquía: ¿debe continuar el Poder Judicial ajeno a la democracia? en manos de los partidos o en su propia salsa corporativa; ¿debemos continuar sosteniendo a la Iglesia económicamente e inmiscuida en la Educación pública?; ¿es la vía federal una solución para el agotado sistema autonómico? Las constituciones, como las casas, hay que reformarlas o corren el riesgo de hundirse.

Por tanto, no es un problema personal de la vida privada del que ha sido Rey. Nos da igual dónde haya ido, es una exigencia que rinda cuentas ante la Justicia.

Desde la Junta Directiva de ASTRADE, queremos contribuir al debate sereno de la situación creada por el “modus operandi” de una familia que ostenta una posición de privilegio: posición que heredó de una época pasada. Un linaje, los Borbones, una institución, la Monarquía, que sufre un merecido desprestigio y supone un anacronismo en nuestro tiempo. La Democracia está por encima de las instituciones.

La Junta Directiva
8 de agosto de 2020