DECLARACIÓN: Democracia es atender las necesidades de la mayoría.

El mundo vive una situación excepcional y nuestro país la está sufriendo en un grado alto. Solo las políticas públicas, progresistas y sociales, permitirán tener un mundo habitable y decente para las personas. Lo común, lo social debe prevalecer sobre el individualismo.

Recuperando el pensamiento de Tony Judt, “la socialdemocracia no debe conformarse con recuperar las viejas estructuras”. Hay que avanzar dibujando un nuevo contrato social, en función de las necesidades de la mayoría social. Es la línea que apunta en Europa el Presidente del Gobierno, junto al Presidente de Portugal. Es evidente que desde ya hay que pergeñar una salida a esta crisis de origen sanitario
y a sus consecuencias, que palpablemente serán económicas, siendo las que más nos
preocupan las sociales: desempleo, incremento de la pobreza… Esa salida tendrá que ser de progreso. Habrá que analizar por qué en España estamos teniendo un impacto tan elevado en vidas humanas; a fecha de hoy, superamos los 19.000 fallecidos.

Necesitamos evaluar las consecuencias de los recortes del Estado de Bienestar en los años del austericidio. No solo para buscar responsabilidades, lo más importante es corregir las políticas económicas del reciente pasado, para reconstruir sobre bases sólidas.
La deseada reconstrucción económica tiene que hacerse en sincronía con un fortalecimiento de nuestro Estado de Bienestar: Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia, con un blindaje de los servicios públicos y de toda la red de protección social. Es gracias a esos servicios públicos y esa red de protección social, aun deteriorados, que el drama no está siendo mayor.
El obligado y necesario confinamiento ha ralentizado la economía, pero eso no es
óbice para que la acción política se frene; prueba de ello es el dinamismo que el Gobierno está aplicando a su acción ejecutiva, es una lástima que la acción parlamentaria no acompañe ese dinamismo. En esa línea, sería oportuno retomar la iniciativa que en su momento lanzó el Presidente, Pedro Sánchez, de abrir una Comisión Parlamentaria que trabaje en una reforma de la Constitución. A los grandes retos a los que el COVID-19 nos ha abocado, habría que añadir los que teníamos detectados con anterioridad a la pandemia: despolitización de la justicia, avance hacia un Estado federal, hacer realidad el derecho a la vivienda, entre otros asuntos de calado.
Habría que prever -el mundo científico así lo viene advirtiendo- que en los años
venideros nos enfrentaremos a crisis similares o incluso mucho más graves; que tienen su origen en un Cambio Climático provocado por la desigualdad, el modelo económico y productivo.
Para afrontar estos escenarios, en clave preventiva, hay que fortalecer la democracia.
Es inexcusable que la lógica económica atienda a las prioridades de la mayoría social, no la de los mercados. Si algo ya podemos extraer de la triste experiencia actual es que han prevalecido los intereses de las grandes fortunas, las multinacionales y las mega corporaciones; la prueba es que, tras la anterior crisis, ha crecido el número de ricos y las fortunas de los multimillonarios. Recortes en sanidad, la privatización de servicios de dependencia, la cicatería en la compra de medios de protección básica…han sido actos negligentes de quienes claman por la reducción de impuestos y por los defraudadores.
Desde la Junta Directiva de ASTRADE, consideramos que la vertiente económicolaboral necesita soluciones que protejan a los trabajadores y trabajadoras, que no los abandone en favor de un capitalismo salvaje repitiendo las recetas del reciente pasado.
Comprendiendo cuáles han sido y cuáles son las prioridades, celebramos el sentido
que están teniendo las medidas adoptadas por el Gobierno, por su contenido social –
innovador tras años de respuestas con recortes sociales-. El Estado debe ser árbitro y no tomar posición de parte. Está obligado a garantizar el equilibrio entre las partes que disputan sus legítimos intereses; por eso es tan urgente e importante la derogación de la reforma laboral de 2012, que dejó absolutamente desequilibrada la balanza de fuerzas entre trabajadores y empresarios. Del mismo modo, no es posible mantener el artículo 135.3 de la Constitución. Es aberrante que el gasto social básico quede subordinado al pago de la deuda pública Lo prioritario son los servicios, necesidades y prestaciones públicas.
ASTRADE valora con la misma importancia que el Gobierno no olvide la crisis
climática, pospuesta largos años –incluso con retrocesos, como es el caso de Madrid- y cuya respuesta no permite más dilación. Se ha dicho por el Gobierno y las demás fuerzas progresistas en el Parlamento: es un esfuerzo que requiere un pacto político de toda la sociedad española para caminar junto a los demás pueblos de la Unión Europea.
Para garantizar el futuro, hay que extraer las consecuencias de las políticas
económicas y de desinversión sanitarias que están actuando de acelerador en esta
devastadora pandemia. La Inversión en INVESTIGACION es una prioridad, fijando como objetivo estratégico la lucha contra futuras enfermedades, y contra las presentes aún sin solución. La experiencia de esta crisis nos demuestra que las empresas privadas de la sanidad y la farmacología deben estar coordinadas con las instituciones públicas; los medicamentos, como los medios de protección o las UCIs, no pueden ser objeto de especulación.
En consecuencia, para ASTRADE es fundamental que el pacto político oriente la salida a la crisis económica con medidas que, con un profundo carácter social, permitan afrontar mucho mejor el cambio climático, es decir una “Transición Justa”. Así como un combate decidido contra la desigualdad laboral, de género, de rentas… La sociedad de hoy debe pertrecharse, para hacer frente a cualquier crisis, sea de la naturaleza que sea, para garantizar un futuro a la humanidad.

La Junta Directiva 17 de abril de 2020