POSICIÓN: La agenda social y democrática que el país necesita.

El pasado 30 de octubre, en el la Casa del Pueblo de la UGT en Madrid, la Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE) organizó su IV acto debate. Contamos como ponentes con: Enrique del Olmo, Paola Cannata, Eduardo Magaldi y Laura Moreno, quienes expusieron desde ópticas distintas cuales son las prioridades políticas y sociales que el país necesita. La apertura corrió a cargo del Presidente de ASTRADE, Eduardo Hernández, y la presentación y dirección del debate a cargo de Roberto Tornamira, portavoz de nuestra Asociación. Este documento se elabora en base a las ideas principales que surgieron en el acto: tanto de las exposiciones de los ponentes como de las intervenciones de los asistentes.
Nuestro país necesita reformas, pero para llevarlas a cabo necesitamos un Gobierno; no cualquier gobierno; las reformas realizadas por el PP en la Moncloa fueron dirigidas contra la mayoría de la sociedad. No es un deseo teórico, es una necesidad práctica, pues sin gobierno no hay Presupuestos que hagan factible las políticas que necesitamos, no hay Poder Ejecutivo que las lleve a cabo.
La situación política actual; de pluralidad en el arco parlamentario, hace necesario el consenso, el acuerdo, que tomará la forma que los partidos de la izquierda consideren oportuna: Gobierno de coalición, pacto de legislatura,… Esperamos, tras las elecciones generales del 10 de noviembre, no tener que lamentar haber dejado pasar la oportunidad de hacer realidad las necesidades que en este acto se expresaron, por no haber sido capaces, desde los partidos de la izquierda, de encontrar el necesario acuerdo tras las elecciones del 28 de abril.
Son muchas las reformas que están pendientes de acometer. Muchas de ellas son clamorosas y otras son cada día más evidentes:


– Derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, para reequilibrar el desequilibrio entre trabajadores y empresarios, en favor de estos últimos. Celebramos este acto escasas horas después de conocer el fallo de la sentencia del Tribunal Constitucional que avala el despido por faltar al trabajo aunque la falta esté justificada y sea por enfermedad. Una consecuencia directa de aquellas reformas.
– Derogación de reforma de Pensiones de 2013, que introdujo la infrarevalorización de las pensiones al 0,25% y la disminución de las cuantías, por efecto del factor de sostenibilidad que pone la pensión en función de la esperanza de vida.
– Derogación de la “Ley Mordaza”, que se impuso para minimizar las legítimas protestas de la ciudadanía contra el austericidio de las políticas implementadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Así como la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, del que se ha abusado por la fiscalía y los tribunales de justicia para criminalizar la huelga.
– Reforma del Poder Judicial, al objeto de democratizar el acceso a la carrera judicial y la configuración de los órganos de este poder del Estado.
– Reforma de la “Ley Electoral”, de modo que el reparto de escaños se corresponda con una realidad más plural y que sea más coincidente con el número de votos obtenidos.
– Reforma territorial del Estado, por la vía del federalismo, que refleje la pluralidad de pueblos y culturas que componen el Estado español, evitando la confrontación entre los pueblos.
– Continuar con la adecuación del Salario Mínimo Interprofesional, de manera que se combata la triste realidad de la pobreza entre quienes tienen un puesto de trabajo; triste realidad que afecta a un 14% de los y las asalariados.
– Introducción de políticas que hagan coherente nuestro modelo productivo con la preservación del medio ambiente.
– Continuar avanzando en la lucha contra la violencia de género, la discriminación por razón de sexo u opción sexual. Máxime cuando renace el fascismo negacionista e intolerante.
– Reforma fiscal que corrija el desequilibrio en la contribución a la Hacienda Pública entre las rentas del trabajo y las rentas del capital; particularmente actuando sobre las rentas altas y las grandes fortunas, y atacando los paraísos fiscales y el mercado sumergido.


Todas estas reformas y acciones políticas, entre otras que son necesarias, solo serán posibles si hay voluntad política de llevarlas a cabo. Es obvio que sólo un gobierno progresista y de izquierdas podría llevarlas a término. Es preciso hacer llegar estas necesidades a la ciudadanía, para que, por la vía del convencimiento. las haga suyas, pues son los y las destinatarios de los beneficios que estas políticas tendrían, como son las víctimas de las políticas llevadas a cabo en nuestro reciente pasado. Esto es la
política. De igual modo que: la corrupción, la trampa, el chanchullo, la evasión de impuestos, el enchufismo,…, son la antipolítica. Debemos seducir a la mayoría de la sociedad, desde el Gobierno y las Instituciones del Estado, garantizando el respeto de la voluntad mayoritaria. Esto es en definitiva la defensa de la democracia.
Constatamos que eje vertebrador de nuestra sociedad continúa siendo el binomio: capital-trabajo. Sin embargo, también es un hecho constatable que el capital ha roto el “contrato”. Son las instituciones económicas internacionales las que desde hace décadas vienen dictando a los gobiernos sus fórmulas de ataque a los derechos de la mayoría de la sociedad: asalariados y asalariadas, pensionistas, desempleados y desempleadas, autónomos, estudiantes. Fórmulas que siempre van en la misma
dirección: recorte y devaluación de los pilares básicos del estado de Bienestar: Salud, Educación, Pensiones y Dependencia.
Son esas instituciones, ajenas a la democracia, orquestadas por los lobbies del capital financiero y especulativo, las que indicaron por ejemplo la reforma constitucional del Artº. 135.3, en 2011, mediante la cual se garantiza el pago de la deuda y sus intereses, aunque sea a costa de las dotaciones presupuestarias para Sanidad, Educación o cualquiera otro gasto social.
Son esas instituciones económicas internacionales las que vienen orientando la globalización de la economía, la implementación de la digitalización en el sistema productivo, siempre en favor de un sistema económico que carga sus problemas para la obtención del beneficio sobre la base de la devaluación de los derechos y de los salarios, dejando un rastro de temporalidad y precariedad en el empleo. Efectos que se están cebando con los y las jóvenes de nuestra sociedad, a quienes solo se les
ofrece la salida de la migración, sin ninguna garantía. Se habla con justicia de una cronificación de los problemas de la juventud para poder estructurar su futuro, su derecho a la emancipación.
Es preciso que la política, claramente enfocada desde la izquierda –sin ningún tipo de complejo cuente con los y las jóvenes. Pues los abuelos y abuelas, los padres y madres y los hijos e hijas de la mayoría social antes mencionada, no somos de clases distintas. Todos y todas, en el presente, debemos trabajar juntos por mantener y mejorar los derechos luchados y conseguidos en el pasado; única garantía de legar un futuro digno a las generaciones venideras.
Desde la Junta Directiva de ASTRADE, hacemos un llamamiento a votar el próximo día 10 de noviembre. Por coherencia con la manifestado en el acto aquí reseñado, llamamos a votar a los partidos de la izquierda, pues solo con un Gobierno de izquierdas, progresista, la mayoría social podrá preservar sus derechos de hoy y garantizar los del mañana.


La Junta Directiva